La iniciativa ciudadana europea es el mecanismo que permite a los ciudadanos de la Unión Europea presentar iniciativas que inviten a la Comisión Europea a proponer legislación sobre determinados temas, influyendo así en sus políticas comunitarias.[1] Se introdujo en el Tratado de Lisboa en 2007 y entró en funcionamiento el 1 de abril de 2012, convirtiéndose en la primera forma de participación ciudadana directa en una instancia supranacional.[2]
El Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron en abril de 2019 una nueva normativa sobre la iniciativa ciudadana europea (Reglamento (UE) 2019/788) que se aplica desde el 1 de enero de 2020. Este nuevo marco legal modifica la primera normativa aplicable a la iniciativa ciudadana europea (Reglamento (UE) 211/2011).
La iniciativa ciudadana europea permite presentar proyectos legislativos formales a la Unión Europea sobre cualquier asunto siempre que la Comisión tenga competencia para presentar una propuesta al respecto, y siempre que la iniciativa tenga el apoyo suficiente. Así, antes de empezar a recoger firmas, los organizadores tienen que registrar su iniciativa ante la Comisión para confirmar que la misma entre en el marco de sus atribuciones/sus competencias. Para que la iniciativa tenga validez y sea examinada por la Comisión Europea es necesario que se hayan recogido un millón de declaraciones de apoyo en al menos siete Estados miembros de la Unión, con un mínimo en cada país dependiendo del número de habitantes.[1]
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