La legalidad del aborto inducido en Estados Unidos varía según la jurisdicción de cada estado.
En 1973, la sentencia del caso Roe contra Wade estableció en un "trimestre" el plazo en el que podía practicarse el aborto, ya que era el periodo a partir del cual el feto podía ser viable —probabilidad de supervivencia fuera del útero—. Dicha sentencia prohibió a los distintos estados cualquier limitación del aborto temprano durante ese plazo aunque podían imponerse restricciones o prohibiciones absolutas, dependiendo de los supuestos, una vez superado ese plazo de tres meses.[1] La sentencia Planned Parenthood v. Casey (1992) prohibió los estados de imponer una "carga indebida" (undue burden) antes momento de viabilidad, y después de ese momento los estados tienen el poder para restringir abortos, siempre que la ley contenga excepciones para los embarazos que hacen peligrar la vida o la salud de la mujer u otras cosas.[2][1]
En 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dictaminó que el aborto no es un derecho establecido en la constitución, y como consecuencia, se permitió a los estados individuales regular cualquier aspecto del aborto que no esté prevenido por ley federal,[3] a partir de esto, algunos estados ya están a favor de prohibir el aborto.[4][5] El desarrollo legislativo puede variar en cualquier decisión en estrado, por ahora es taxativo que a partir del 24 de junio de 2022, el fiscal general republicano de Misuri, Eric Schmitt, emitió una opinión que activó la ley antiaborto del estado,[6] prohibiendo el procedimiento excepto en casos de emergencia médica.
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