La crisis judicial de Bolivia de 2024, es como se conoce a la crisis generada debido a la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia (TCP) de aprobar, mediante la sentencia 0049/2023, la prórroga indefinida de su propio mandato y de los otros tribunales judiciales del país, que debían funcionar hasta el 31 de diciembre de 2023.[1] La convocatoria a elecciones judiciales fue introducida en la Constitución boliviana de 2009 y fueron llevadas a cabo en dos ocasiones, en octubre de 2011 y en diciembre de 2017, para lo cual se necesitan dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar la lista de candidatos o la ley de convocatoria al acto electoral.[2] El 11 de diciembre de 2023, el TCP declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de un proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales que debía ser tratado por la ALP.[3]
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