Ley de Defensa Permanente de la Democracia | ||
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Ley que modifica la Ley N.° 6026 sobre Seguridad interior del Estado, En la forma que indica | ||
![]() Bandera del Partido Comunista de Chile. Durante la década de 1940, la colectividad usó el nombre legal de Partido Progresista Nacional. | ||
Historia | ||
Aprobación | 3 de septiembre de 1948 | |
Publicación | 18 de octubre de 1948 | |
Legislación relacionada | ||
Derogada por | Decreto 5839 | |
Legislación derogada | ||
La Ley 8987, de Defensa Permanente de la Democracia, fue una ley chilena aprobada el 3 de septiembre de 1948 y publicada en el Diario Oficial el 18 de octubre del mismo año. Tuvo por finalidad proscribir la participación política del Partido Comunista de Chile (PCCh), razón por la cual es conocida como la Ley Maldita.[1] Esta ley fue una modificación a la ley 6026 de 1937 —que había sido promulgada en el gobierno de Arturo Alessandri— y siguió siendo utilizada hasta el final del periodo presidencial de Carlos Ibáñez del Campo en agosto de 1958.
La Ley de Defensa Permanente de la Democracia dispuso la cancelación de la inscripción del Partido Comunista de Chile (aprobada por un corto período, tras llegar al poder en 1946, junto a Gabriel González Videla). Fueron borrados del registro electoral sus militantes, así como las personas sospechosas de participar en dicha organización. Esto afectó a regidores y alcaldes comunistas, quienes perdieron sus cargos, pero no a diputados y senadores electos, cuyas inhabilidades debían pasar por una sentencia judicial, la que solo afectó a algunos de ellos.
Dentro de la administración pública: en las municipalidades y la educación primaria, la secundaria y la universitaria se aplicaron sanciones similares en la designación, contratación de sus empleados. Además, se prohibió toda organización, propaganda y asociación similar. Fueron sancionadas todas las reuniones o actos que interrumpieran el normal desarrollo de las actividades productivas, por esto el derecho a huelga solo estaba permitido en el sector privado. También se castigaba a quienes cooperaran o efectuaran actos contrarios a la misma.
Fue derogada por ley 12927, sobre Seguridad del Estado, de 6 de agosto de 1958.[2]
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