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El Programa de Vigilancia del Presidente (en inglés: President's Surveillance Program; o por sus siglas, PSP) es un conjunto de actividades secretas de inteligencia autorizadas por el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 como parte de la guerra contra el terrorismo. Los datos recopilados en el marco de este programa se protegió dentro de un departamento de seguridad de Información Sensible Compartimentada (SCI) cuyo nombre en clave era Stellar Wind.[1]
El último beneplácito presidencial expiró el 1 de febrero de 2007, pero algunas de las operaciones de recolección continuaron, primero bajo la autoridad de la Ley de Protección de América de 2007 (PAA), aprobada en agosto de ese año, y después bajo la Ley de Enmiendas a la FISA (FAA), promulgada en julio de 2008.[2]
Una sección del programa era el Programa de Vigilancia del Terrorismo, que autorizaba escuchas telefónicas sin orden judicial de telecomunicaciones internacionales cuando se creía que una de las partes de la comunicación estaba afiliada a Al Qaeda. Según se informa, las otras actividades incluían la minería de datos de mensajes de correo electrónico[3] y registros detallados de llamadas telefónicas en la base de datos de telefonía de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), denominada MAINWAY.[4]
En 2007, el fiscal general reconoció públicamente la existencia de otros operativos de inteligencia amparados por las mismas autorizaciones presidenciales.[2] El alcance total del Programa de Vigilancia del Presidente se reveló en junio de 2013, cuando The Guardian publicó un informe altamente clasificado del inspector general de la NSA, en el que se describía cómo se estableció y evolucionó el programa desde septiembre de 2001 hasta enero de 2007.[1]
Las actividades del PSP fueron reautorizadas periódicamente por el presidente, y posteriormente se transfirieron a la competencia otorgada en la Ley de Enmiendas del 2008 a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera de 1978 (FISA). La ley exigía a los inspectores generales de todas las agencias de inteligencia implicadas en el programa que «completaran una revisión exhaustiva» de las actividades hasta el 17 de enero de 2007, y elaboraran un informe sin clasificar en el plazo de un año tras la promulgación. El informe publicado el 10 de julio de 2009 concluyó que el programa del presidente implicaba «actividades de recopilación sin precedentes» que iban mucho más allá del ámbito del Programa de Vigilancia del Terrorismo.[2] El informe planteaba cuestiones sobre los fundamentos legales de las autorizaciones, la falta de supervisión, el secretismo excesivo y la eficacia del programa.[5][6] El informe concluía que el programa se basaba en un análisis jurídico «defectuoso desde el punto de vista de los hechos».[7]
La divulgación pública del Programa de Vigilancia del Terrorismo (TSP) en 2005 encendió la controversia sobre la vigilancia sin orden judicial de la NSA. Los demás aspectos clasificados del programa también suscitaron serias preocupaciones en el Departamento de Justicia (DoJ) sobre el estatus jurídico del programa y su posible efecto en futuros procesos penales. Esto provocó conflictos con la Casa Blanca que desembocaron en un dramático enfrentamiento en 2004 junto a la cama del hospital del fiscal general enfermo, y casi provoca la dimisión masiva de altos funcionarios de Justicia en protesta por la anulación de sus privilegios.[8] El informe sobre el programa también se publicó durante un período de intensas negociaciones sobre el texto propuesto en la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2010. Esto modificaría la Ley de Seguridad Nacional de 1947, aumentando los requisitos para informar al Congreso sobre algunos programas de inteligencia clasificados como éste —el presidente Barack Obama amenazó con vetar el proyecto de ley por esa cuestión—.[9]
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